La adopción de energías renovables está aumentando a medida que el mundo traza el camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y cero emisiones netas. Sólo en América Latina, la capacidad eólica y solar creció un 50 % en 2021, y la región está en camino de ver unos 18 GW de energía eólica, solar y de almacenamiento entrar en funcionamiento a finales de 2022. Sin embargo, para que el sector de las energías renovables alcance su potencial de impulsar la economía limpia del futuro, es vital establecer los marcos políticos y regulatorios adecuados. En este artículo, analizamos las mejores prácticas observadas en el continente americano y destacamos la importancia de una política positiva para un futuro con cero emisiones netas.
Establecer objetivos de energía renovable
Un paso fundamental para la expansión de las energías renovables en muchos países es simple: el establecimiento de objetivos. Los objetivos de energía renovable para los gobiernos nacionales, las autoridades locales y regionales y las empresas son un indicador importante de la dirección del viaje y ayudan a brindar certeza a los inversores. Los objetivos pueden requerir que se logre una cierta proporción de energías renovables o mediante el establecimiento de objetivos de implementación de tecnología específicos, por ejemplo, o incluso establecer objetivos para la reducción de CO2 y la eliminación gradual de combustibles fósiles, impulsando así el cambio hacia las energías renovables.
Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) que constituyen el núcleo del Acuerdo de París contienen numerosos objetivos en materia de energías renovables, pero no siempre van lo suficientemente lejos: hasta ahora, 182 partes han incluido componentes de energía renovable en sus NDCs, de los cuales solo 144 tenía un objetivo cuantificado, y solo 13 partes se han comprometido con un porcentaje de energías renovables en sus combinaciones energéticas generales.
En el continente americano, los firmantes de la iniciativa Renovables en América Latina y el Caribe (RELAC) -entre los que se encuentran Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay- han establecido el objetivo de generar el 70 % de la energía a partir de fuentes renovables para 2030, mientras que EE.UU. ha fijado recientemente la meta de lograr un sector eléctrico libre de carbono para 2035.
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Traducir estos objetivos en cambios tangibles requiere una acción política audaz.
Un ejemplo de esto es Chile, que ha establecido su meta de energía renovable como vinculante bajo la ley 20698, con sanciones claras por incumplimiento y un mecanismo de monitoreo y cumplimiento.
Mientras tanto, en Colombia, para lograr una matriz energética más amigable con el medio ambiente, el Ministerio de Minas y Energía aprobó recientemente la resolución 40715 que establece que, a partir de 2023, al menos el 10 % de las compras de energía eléctrica en el mercado mayorista de energía deben provenir de fuentes renovables a través de contratos a largo plazo.
Garantizar la igualdad de condiciones
Aunque los estudios de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) han demostrado que las energías renovables no sólo son competitivas frente a los combustibles fósiles, sino que también pueden reducir significativamente su precio cuando se necesita nueva capacidad de generación de electricidad, las políticas distorsionadoras hacen que las energías renovables aún no sean la opción económicamente más beneficiosa en algunos mercados. Un ejemplo de esto es la provisión continua de subsidios a los combustibles fósiles en Colombia: un artículo reciente del Overseas Development Institute encontró que el gobierno colombiano otorgó al menos, 5610 000 millones de pesos (alrededor de US$1700 millones) en subsidios a la producción y consumo de combustibles fósiles en 2019.
Algunas energías renovables también enfrentan desafíos para competir contra las alternativas de combustibles fósiles debido a los mayores costos iniciales que los titulares de combustibles fósiles. Dado que las energías renovables proporcionan beneficios tales como una mayor seguridad energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que no necesariamente tienen un precio en el mercado, los responsables políticos deben trabajar para crear igualdad de condiciones.
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Numerosos gobiernos en las Américas han desarrollado sistemas de fijación de precios del carbono para reflejar el impacto real de los combustibles fósiles, algunos mediante la implementación de un impuesto al carbono y otros mediante el diseño de sistemas de comercio de derechos de emisión (ETS).
Otro ejemplo de legisladores que trabajan para nivelar el campo de juego es México. Bajo la Ley General de Cambio Climático, se ha creado un fondo para canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar acciones para combatir el cambio climático, con áreas prioritarias que incluyen proyectos de eficiencia energética y desarrollo de energías renovables.
Fomentando la electrificación
El transporte tiene la mayor dependencia de los combustibles fósiles de cualquier sector y representó el 37 % de las emisiones de CO₂ de los sectores de uso final en 2021, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). Existe una gran oportunidad para alentar un cambio hacia las opciones de viaje menos intensivas en carbono, como los vehículos eléctricos (EV), y posicionarlos como los mayores usuarios de electricidad renovable a nivel mundial, impulsando el despliegue de más plantas de energía renovable. Pero hacer esto significa garantizar que existan mecanismos no solo para respaldar el uso de vehículos eléctricos, sino también para permitir que se fabriquen y vendan.
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La planificación integrada para la movilidad eléctrica y la producción, transmisión y distribución de electricidad renovable puede ayudar a reforzar la transición energética.
En Chile, bajo la Estrategia Nacional de Electromovilidad, el gobierno ha establecido un conjunto de medidas e incentivos para la transición a la electromovilidad.
Para 2035, el 100 % de los vehículos livianos y medianos, el 100 % del transporte público y el 100 % de la maquinaria móvil grande vendida serán cero emisiones. Para 2040, el 100 % de las ventas de maquinaria móvil menor, incluida la maquinaria agrícola, forestal y de construcción, serán cero emisiones. Y para 2045, el 100 % de las ventas de transporte de carga y autobuses interurbanos serán libres de emisiones.
Mientras tanto, en los EE. UU., en el marco del American Jobs Plan, se ha propuesto una inversión de 174.000 millones de dólares para promover el mercado estadounidense de vehículos eléctricos. Como parte del plan, los consumidores recibirán descuentos e incentivos fiscales en la compra de vehículos eléctricos, mientras que se establecerán programas de subvenciones e incentivos para los sectores público y privado para construir una red nacional de 500 000 cargadores de vehículos eléctricos para 2030. El plan también se compromete para reemplazar 50,000 vehículos de tránsito diésel y electrificar al menos el 20 % de la flota nacional de autobuses escolares, así como electrificar la flota federal, incluido el Servicio Postal de los Estados Unidos.
Apoyando la innovación
Inteligentes trucos de ingeniería están empujando la eficiencia de la energía renovable cerca de su máximo teórico. En Atlas, usamos paneles bifaciales, que captan los rayos solares de ambos lados, por ejemplo, así como dispositivos electrónicos que permiten que los paneles sigan el sol mientras se mueve por el cielo durante el día, lo que nos permite capturar casi toda la luz solar disponible. Pero todavía hay algunas tecnologías que están más alejadas del mercado, y se necesitan actividades de investigación y desarrollo para continuar aumentando la eficiencia y el impacto de las energías renovables. Mucho de esto está financiado por el sector privado, como en nuestro laboratorio de I+D en Chile, pero el apoyo del sector público sigue desempeñando un papel importante.
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En algunos países, los formuladores de políticas están trabajando para identificar tecnologías prioritarias o áreas prioritarias de innovación, aprovechando las sinergias con otras áreas de innovación.
El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) anunció recientemente una oportunidad de financiación de 420 millones de dólares para sus Centros de Investigación de Fronteras Energéticas (EFRC). Esta financiación hará avanzar las soluciones climáticas a través de la investigación en etapa inicial sobre tecnología de energía limpia, fabricación avanzada y baja en carbono y ciencia de la información cuántica para contribuir al objetivo nacional de convertirse en una economía de cero emisiones para 2050. La oportunidad de financiación está patrocinada por la Oficina de Ciencias Básicas de la Energía dentro de la Oficina de Ciencias del Departamento.
Por su parte, el presupuesto del presidente de EE. UU. para el año fiscal 2022 incluye US$400 millones para una nueva Oficina de Demostraciones de Energías Limpias para seguir introduciendo tecnologías innovadoras en el mercado.
Aprovechar la financiación y los instrumentos políticos
Los formuladores de políticas tienen numerosas herramientas a su disposición para apoyar el despliegue de electricidad renovable, reducir el costo de financiamiento y disminuir los riesgos de los compradores, desde primas o tarifas de alimentación establecidas administrativamente hasta cuotas y esquemas de certificados verdes negociables y subvenciones de capital. En los últimos años, hemos visto cómo las subastas se han convertido en una herramienta rentable para que los formuladores de políticas aseguren la cantidad de energía objetivo a bajos costos de transacción,mientras que las instituciones financieras públicas han ofrecido instrumentos financieros que mitigan los riesgos y reducen las primas de riesgo requeridas por los agentes privados.
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Una subasta de energía renovable es un proceso de adquisición competitivo que permite a los países atraer los proyectos de energía renovable más rentables en su mercado interno. Las subastas ayudan a los formuladores de políticas a lograr reducciones de costos sostenibles al mismo tiempo que estimulan la inversión privada, crean empleos locales, reducen la corrupción en el proceso de adquisición y reducen las emisiones.
Colombia, que tiene como objetivo aportar 4 gigavatios de energía renovable a su mix energético total, adjudicó recientemente 11 proyectos solares y proporcionó alrededor de 4.800 empleos verdes en una subasta de renovables celebrada en octubre de 2021. Los contratos, de 15 años de duración, están comprometidos con nueve empresas generadoras y 53 comercializadoras, con un precio de asignación promedio ponderado de 155,8 pesos por kWh. Con esta nueva capacidad instalada, se espera que la participación de las energías renovables no convencionales pase del 0,2 % en 2018 a más del 15 % en 2023.
La estructura financiera de los grandes proyectos de energía sostenible involucra una serie de instrumentos de capital, deuda, seguros y otros instrumentos de transferencia de riesgos, y aquí es donde la financiación pública puede desempeñar un papel.
En febrero de este año, el Banco do Nordeste do Brasil, el banco de desarrollo regional más grande de América Latina, entregó US$76M en financiamiento para la construcción de la planta solar Lar do Sol – Casablanca II, en Pirapora, en el estado de Minas Gerais.
Atlas Renewable Energy es el principal inversor y operador de la planta de autoproducción, que ayudará a alimentar las instalaciones de una empresa química brasileña.
La planta ocupará unas 700ha y tendrá una capacidad instalada de 239 MWp con 460.000 paneles solares. Su generación de energía anual será el equivalente al suministro de energía a unos 261.662 hogares. Además, la planta evitará la emisión de aproximadamente 40.500 toneladas métricas de CO2 por año, lo que equivale a retirar 16.200 vehículos de las calles de São Paulo.
Facilitar el acceso a la red
En muchos países, una parte muy pequeña de la capacidad adjudicada en las rondas de subasta llega a la operación comercial dentro del plazo establecido, y estos retrasos suelen estar relacionados con la conectividad con la red de transmisión. Pueden ocurrir problemas particulares cuando los proyectos de energías renovables se encuentran en lugares remotos debido a la buena disponibilidad de recursos, pero donde la infraestructura de la red puede ser inexistente o inadecuada, como en la Península de la Guajira en Colombia.
Además, las nuevas instalaciones de energías renovables pueden enfrentar costos excesivos para conectarse a las redes de transmisión y distribución de electricidad, lo que a su vez puede socavar la competitividad. Al apoyar el desarrollo de la red y promover el acceso a la energía limpia en áreas aisladas y desatendidas, los formuladores de políticas pueden fomentar un uso más amplio de la energía renovable.
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Al establecer reglas claras que regulen los costes de conexión a la red, los responsables políticos pueden permitir a los operadores privados conectarse de forma no discriminatoria y determinar niveles justos de costes.
En 2021, el gobierno colombiano habil itó un nuevo mecanismo para que los Operadores de Red del Sistema Interconectado Nacional (SIN) lleven electricidad a zonas aisladas del país a través de sistemas de generación de energía que no están conectados al SIN a través de redes de distribución física. La energía eléctrica se suministrará a través de microrredes aisladas y soluciones aisladas individuales, principalmente con generación basada en fuentes de energía renovables no convencionales.
En EE. UU., el DOE lanzó recientemente la iniciativa «Building a Better Grid» para catalizar el desarrollo a nivel nacional de líneas de transmisión eléctrica nuevas y mejoradas de alta capacidad, desplegando más de 20.000 millones de dólares en herramientas de financiación federal. Mientras tanto, el DOE también ha anunciado US$15,5 millones en fondos para apoyar el despliegue de energía solar en comunidades desatendidas.
Superar las barreras no económicas
Incluso, cuando las condiciones de los recursos y del mercado son favorables, pueden permanecer otras barreras para el progreso rápido, como la escasez de habilidades o barreras administrativas, como las dificultades para obtener el consentimiento de planificación u otros permisos. A través de esquemas para aumentar las habilidades relevantes en la industria energética y las cadenas de suministro, y la aceleración de los procesos burocráticos, los formuladores de políticas pueden ayudar a garantizar el rápido despliegue de las energías renovables.
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Hay varios ejemplos en las Américas de gobiernos que actúan para reducir la carga administrativa que pesa sobre el desarrollo de las energías renovables, sin comprometer la consulta pública ni la evaluación de impacto.
En los EE. UU., el programa SolarAPP+, dirigido por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), junto con las autoridades locales y la industria de energia solar, ha reducido los plazos de obtención de permisos en los departamentos municipales de varias semanas a una cuestión de horas, agilizando así las instalaciones solares y reduciendo los costes.
En Colombia, la expedición del Decreto 829 de 2020 para el trámite simplificado de incentivos fiscales a las energías renovables no convencionales ha significado la facilitación de beneficios fiscales a las empresas, que ahora pueden acceder a sus incentivos en 45 días en lugar de 3 meses. Estos incentivos incluyen la deducción de ingresos, la exclusión del IVA y la exención de derechos arancelarios.
¿Por qué es importante la elaboración cuidadosa de políticas?
No existe una solución única para la política de energía renovable, y mientras los formuladores de políticas sopesan una serie desconcertante de instrumentos, desde estándares de cartera renovable hasta tarifas de alimentación y créditos fiscales, la única constante es la necesidad urgente de garantizar que la energía renovable puede alcanzar su potencial de impulsar la economía sostenible del futuro.
Atlas Renewable Energy tiene un largo historial de trabajo para ayudar a los países de las Américas a alcanzar sus objetivos en materia de energías renovables. Al comprometerse activamente con el sector público y privado, con la comunidad y las partes interesadas en el centro de su estrategia, la empresa trabaja todos los días para ofrecer un futuro más limpio.
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